La Fiscalía ve acreditadas las mordidas en Ciegsa pero pide archivar esta pieza del caso Taula por prescripción
La investigación se inició en 2018 contra Rus, Caturla y Benavent por cuatro posibles delitos, pero Anticorrupción sólo ve perseguible el cohecho, que ha prescrito al decaer la malversación
Caturla y Rus cuando dirigían la diputación en la que el PP de Manises repartió el Gordo en las navidades de 2011. / EFE/Kai Försterling
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un informe ante el Juzgado de Instrucción 18 de València en el que solicita el archivo de la pieza G del caso Taula que investigaba el presunto pago y cobro de mordidas en la construcción de colegios, a cambio de adjudicaciones en la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA). En esta pieza estaban investigados el expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus, el exconsejero delegado de Ciegsa y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, y el yonki del dinero Marcos Benavent, como «recaudador» confeso, además de varios arquitectos y técnicos de Ciegsa y empresarios que presuntamente pagaron las mordidas.
El Fiscal Anticorrupción señala que tanto Caturla como Rus «con claro desprecio por la causa pública y en beneficio propio cobraron cantidades de dinero de las construcciones adjudicadas a través de Ciegsa, pero sin que pueda establecerse una perfecta correlación entre el dinero recibido y una concreta obra adjudicada». De ahí que los hechos investigados en esta pieza solo podrían ser perseguidos por el presunto delito de cohecho que prescribe a los tres años. Las presuntas mordidas supuestamente se pagaron en los años 2005 y 2006 por lo que «debe concluirse que ha transcurrido el plazo legal de tres años, por lo que el delito ha prescrito». Una decisión que se adopta casi ocho años después de que el juzgado comenzara a investigar el caso Taula en 2015, según recoge el Fiscal Anticorrupción, que no es el mismo que inició la causa. No obstante, esta pieza separada se inició por auto de 22 de febrero de 2018.
En esta pieza se investigaron algunas adjudicaciones de obra de colegios públcios a través de Ciegsa en las que, supuestamente, «se favorecía a determinadas empresas a cambio de comisión o dádiva, con una finalidad de lucro que podría tener su origen en la financiación de un determinado partido político o, alternativamente o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal», según consideró el juez cuando abrió la séptima pieza separada (la G) del caso Taula por auto del 22 de febrero de 2018.
Inicialmente los hechos investigados eran constitutivos, presuntamente, de varios delitos contra la istración, malversación, prevaricación y cohecho. La malversación es el delito más grave, con un plazo de prescripción de hasta quince años en los casos más complejos, que habría arrastrado al resto de delitos. Para apuntalar los indicios, los investigadores del caso Taula contaban con las grabaciones realizadas por Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y yonqui del dinero confeso, además de las declaraciones de Marcos Benavent en las que confirmaba el cobro de mordidas que él se encargaba de recaudar y recoger en sobres.
Desde la apertura de la pieza separada, el Juzgado de Instrucción 18 encargó periciales sobre los cuatro institutos y tres colegios de Burriana, el Cabanyal, Llosa de Ranes, Santa Pola, Torrevieja y Xirivella, cuya adjudicación estaba bajo sospecha porque las empresas adjudicatarias aparecían mencionadas en las grabaciones de Marcos Benavent, ratificadas después por él después cuando colaboraba con la justicia. Las periciales detectaron sobrecostes e irregularidades en la tramitación de los modificados. Un arquitecto que declaró como investigado itió que durante el periodo que trabajó para Ciegsa «de 300 obras, en el 50% hubo modificados, en dinero 150 millones de euros».
Mención a políticos que no se investigaron por la imprecisión
En las grabaciones de Marcos Benavent también se mencionaba a destacados altos cargos de la Generalitat, según recogía un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluía que en el PP de la Comunitat Valenciana existía una «supuesta estrategia de recaudación a nivel autonómico y provincial» con «fondos de procedencia ilícita» de la que se habría financiado no sólo el partido a nivel regional, sino también provincial.
Aunque el juez ya consideró en 2018 que las menciones a estos altos cargos en las grabaciones eran «indirectas, genéricas e imprecisas, en un contexto conversacional de difícil interpretación» por lo que «no justifican dirigir la investigación» contra ellos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Koldo tras cobrar 2.600 euros al mes de un empresario: 'Mamón, el ingreso mensual se terminó
- Estos son los institutos valencianos con mejor nota en las PAU de 2025
- Bajón en las notas de la PAU al suprimirse las facilidades de la pandemia
- Un miembro del Consell se 'casa' consigo mismo
- Consulta aquí las notas de la PAU 2025
- La empresa valenciana favorecida por Ábalos logró 94 millones en contratos con otras mercantiles
- Los nuevos requisitos de la beca MEC deja sin terapia a niños con TDAH
- Las Corts suspende la sesión por una 'plantà' de Compromís a Mazón
